Borrachito te doy un piquito: el TC y el principio de razonabilidad

borrachoHay dos casos resueltos por el TC que nos llaman la atención: uno, contenido en el expediente 03169-2006-AA, que ha sido comentado en la prensa y ha sido motivo de burla; en el que el TC impide, en realidad de modo muy parecido a como lo hace la ley, que un trabajador sea despedido por ir borracho al centro laboral. En otro, contenido en el expediente 01182-2005-AA, el propio TC establece que está bien que unos estudiantes sean botados del SENATI por besarse.

En ambos casos, era dudoso que la sanción fuera aplicable de acuerdo a una interpretación “literal” de las normas, sin embargo, el TC decidió utilizar un “test de razonabilidad”.

Así, en el primero de los casos señalados, el TC establece que:

No obstante lo señalado en el fundamento anterior, este Tribunal considera que el despido del demandante viola el derecho constitucional al debido proceso sustantivo debido a que la Municipalidad emplazada al momento de imponerle la sanción lo hizo en contravención de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que no tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 83° de su propio Reglamento Interno de Trabajo, el que señala que las sanciones disciplinarias de amonestación verbal o escrita, suspensión en sus labores o despido, se aplicarán en función de la gravedad de la falta cometida, la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del trabajador.

15. Por ello este Tribunal considera que la sanción impuesta al demandante resulta desproporcionada e irrazonable, pues si bien conforme se ha señalado en fundamento que precede al demandante se le puede reputar que ha incurrido en la falta grave que se le imputa, no es menos cierto que en ningún momento ha incurrido en algún acto de violencia, injuria o faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, del personal jerárquico o de otros trabajadores, ni ha ocasionado daño alguno al patrimonio ni al acervo documentario de la Municipalidad emplazada. Siendo así y teniéndose en cuenta que la Municipalidad, en la fundamentación de las cartas cuestionadas y durante el curso del proceso de amparo, no ha argumentado que el demandante tenga antecedentes disciplinarios, se debe concluir que la sanción impuesta (despido) no fue la más adecuada e idónea, pues la emplazada podía haberle impuesto cualquiera de las otras sanciones disciplinarias ya citadas anteriormente.

Y en el segundo, de manera contradictoria, señala que:

17. Finalmente, con respecto a la alegada desproporción de la sanción de expulsión impuesta, ya que la recurrente: “[...] se ha venido desempeñando con eficiencia, respeto, cumpliendo con el pago de sus cuotas ordinarias, no habiendo sido sancionada, ni cometido falta disciplinaria alguna durante su permanencia académica”, es importante subrayar que la medida de expulsión prevista en el inciso e) del numeral 9 del Reglamento Interno era la única sanción posible a imponerse a los alumnos infractores, toda vez que la parte final del citado numeral 9; denominada “Medidas Disciplinarias Formativas y Sanciones, es mandatoria al establecer:

[...] Los participantes involucrados en actos delictivos y/o disciplinarios graves, penados por las leyes de estado y/o reglamento del SENATI, son retirados del programa. Se aplica el punto e, de sanciones (Cfr. f. 12)

18. De lo expuesto se infiere que no es facultad de quien tiene a su cargo el proceso por faltas disciplinarias graves, penadas por el reglamento, o de quien ejecute el castigo a imponerse de resultas del mismo graduar la razonabilidad de la sanción a imponerse y/o aplicar las sanciones previstas en los numerales a, b, c, y d del citado Reglamento Interno. En este orden de ideas, mal podría obligarse a los emplazados a adoptar una medida distinta a la impuesta a la demandante.

Por el contrario, el Tribunal Constitucional considera que no es inconstitucional la sanción cuestionada -aun cuando la demandante considere excesiva y desmesurada su aplicación- dado que su imposición denota la estricta observancia del principio de legalidad, puesto que se aplicó la sanción que estaba previamente contemplada en la norma que sanciona como prohibida la falta en la que incurrió la demandante.

Cada uno puede tener una opinión particular acerca de estos casos, sea a favor (en el caso del borrachín) o en contra (en el caso de los besuqueiros); pero el punto es precisamente ese: el TC simplemente utiliza su “sentido común” para decirnos su “opinión”. Entonces, nuestro Derecho consiste en la personal apreciación de 7 señores mayores de edad, sin ningún fundamento “jurídico”, es decir, abstracto, aplicable a varios casos, con cierta predictibilidad y criterios acordes al resto del sistema. Si no, mejor que nos gobernemos por encuestas; en todo caso eso sería más democrático y representativo de la “moral pública”.

Y eso nos lleva a darnos cuenta de un punto extra: ¿por qué los empleadores o dueños de institutos (que en este caso eran públicos, pero imagínense que fueran privados) deben estar sujetos a la “moral pública” mal representada por 7 señores? ¿Por qué el propio empleador/director no puede decidir lo que a él le parece grave, de acuerdo a su propia moral? O, en todo caso, que se exija tener reglamentos claros y precisos; de los cuales no se puedan apartar en ningún caso. Ese sería un standard claro. Pero no decir, “la cosa se resuelve por opiniones” y encima de gente que no estaba involucrada en el caso.

Además, el “test de razonabilidad” tiene unos contornos más o menos claros: consiste en un análisis de costos; es decir, si una política alcanza sus resultados a un costo razonable. Para esto se analiza si la norma es “adecuada”, “necesaria” y “proporcional en sentido estricto” (osea, si sus costos son menores que sus beneficios). El TC, sin embargo, lo utiliza como un sinónimo de “razonable” en el sentido coloquial. Es decir, cuando paras a un taxi y te dice 20 lucas y le dices “sé razonable”, no tiene ninguna diferencia con la utilización que hace el TC de este principio.

Por otro lado, es discutible que el “test de razonabilidad” pueda ser utilizado en eventos privados en lugar de analizando políticas públicas. Nos explicamos, cuando se analiza una política pública, el fin buscado por la “norma” debe ser uno “importante”, “constitucional” (no en el sentido de “válido”, sino de estar a la cabeza del sistema), beneficioso para la comunidad. En cambio, cuando estamos ante un acto privado, éste puede buscar un fin que solo lo favorezca a él mismo. Entonces, eso hace que sea muy difícil decir que un medio para alcanzarlo no es “adecuado”. En el ejemplo de la primera sentencia del TC, el fin podría ser disciplinar al trabajador, pero también deshacerse de elementos nocivos para la empresa. Cualquiera de los fines sería válido. Si es el primero, botarlo podría ser inadecuado, pero si es el segundo, no lo sería. Lo mismo con la necesidad y peor aún con los costos, que dependen de las particulares preferencias y circunstancias de las personas. De acuerdo a lo anterior, quizá habría que entender que los casos particulares no deben ser resueltos principalmente apelando al principio de razonabilidad, sino a normas precisas.

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